La golpiza que hizo que la adolescente vomitara sangre y que posteriormente falleciera en un hospital, ocurrió hace una semana en el departamento de Caaguazú (Vaquería). Un militar retirado, cabeza de familia del hogar donde vivía la víctima, le propinó una paliza golpeándola con la rama de un árbol hasta causarle la muerte, por haberla visto besándose con un albañil de 24 años, que realizaba trabajos en la casa.

El militar retirado está en prisión preventiva e imputado por un presunto homicidio involuntario, aunque el fiscal de la causa estudia si fue un homicidio doloso y tuvo realmente intenciones de matar a la menor.

Además de suscitar el repudio de organizaciones sociales y la indignación ciudadana, el caso ha sacado a la luz una práctica arraigada en el país, pero oculta tras las puertas de las casas. Se trata del “criadazgo”, un sistema por el que una familia de escasos recursos entrega a uno o más de sus hijos o hijas a otra con mayor poder adquisitivo, que normalmente reside en otra ciudad, para que se encargue de darle educación, alojamiento y comida.

Ello a cambio de que el menor colabore en las tareas domésticas, sin percibir remuneración económica. “La excusa principal para entregar a los hijos es siempre la educación, pero es la parte del trato que pocas veces se cumple”, explicó a Efe Rosa María Ortiz, que fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en Ginebra.

Según Ortiz, la víctima de esta explotación va a la escuela solo cuando su trabajo en el hogar lo permite, no tiene derecho al recreo, pierde el contacto con su familia de origen y con frecuencia recibe castigos físicos y malos tratos.

Son frecuentes además los abusos sexuales y las violaciones, especialmente contra las niñas, que pueden verse después empujadas a la prostitución o la explotación sexual. Además, la víctima sufre desde que entra en el hogar de otra familia un trato discriminatorio y la violación de su derecho a la identidad.

“No se le define por lo que es, sino por todo aquello que no es: no es un niño como los demás de la familia, no tiene el mismo apellido, no recibe el mismo trato. Se convierte en un niño de segunda clase”, afirmó Ortiz, que entre 2012 y 2015 fue relatora para los Derechos de la Niñez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ortiz consideró que “la práctica del “criadazgo” va más allá de la explotación laboral”, y se fundamenta sobre un abanico amplio de violaciones a los derechos de niños y adolescentes.

LA “ESTAFA” EMOCIONAL DE LOS PATRONES

Sobre el origen del “criadazgo”, Tina Alvarenga, miembro de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay, explicó a Efe que en Paraguay está asentado sobre la base de “prejuicios raciales y clasistas” heredados del sistema colonial, que establecía relaciones desiguales de parentesco forzado entre indígenas y colonos.

“Predomina todavía una mentalidad feudal, en la que los señores se creen propietarios de la tierra y de los esclavos, y consideran inferiores a los campesinos y a quienes viven en el interior del país”, afirmó. Alvarenga, que desde los 10 hasta casi los 18 años trabajó como criada en casa de una familia, relató que sus patrones le impedían reunirse con sus padres, indígenas guaraníes, porque temían que “volviera a los malos hábitos”.

Refirió que en estos hogares se crea una “dependencia afectiva” entre los patrones y las víctimas de la explotación, a las que se les hace creer que “siempre estarán en deuda”, lo que dificulta que puedan escapar de su situación.

Unos 46.993 niños y adolescentes en Paraguay están sometidos al “criadazgo”, lo que supone un 2,5 % de la población infantil y adolescente del país, según las cifras de una encuesta oficial de 2011.

Unicef solicitó esta semana a Paraguay la erradicación de esta práctica, debido a que impide a los niños y adolescentes “desarrollarse plenamente y disfrutar de su infancia”. La ley paraguaya prohíbe a los menores de edad la realización de trabajos peligrosos, entre los que incluye al trabajo doméstico, que solo pueden ejercer personas mayores de 18 años.La golpiza que hizo que la adolescente vomitara sangre y que posteriormente falleciera en un hospital, ocurrió hace una semana en el departamento de Caaguazú (centro). Un militar retirado, cabeza de familia del hogar donde vivía la víctima, le propinó una paliza golpeándola con la rama de un árbol hasta causarle la muerte, por haberla visto besándose con un albañil de 24 años, que realizaba trabajos en la casa.

El militar retirado está en prisión preventiva e imputado por un presunto homicidio involuntario, aunque el fiscal de la causa estudia si fue un homicidio doloso y tuvo realmente intenciones de matar a la menor.

Además de suscitar el repudio de organizaciones sociales y la indignación ciudadana, el caso ha sacado a la luz una práctica arraigada en el país, pero oculta tras las puertas de las casas. Se trata del “criadazgo”, un sistema por el que una familia de escasos recursos entrega a uno o más de sus hijos o hijas a otra con mayor poder adquisitivo, que normalmente reside en otra ciudad, para que se encargue de darle educación, alojamiento y comida.

Ello a cambio de que el menor colabore en las tareas domésticas, sin percibir remuneración económica. “La excusa principal para entregar a los hijos es siempre la educación, pero es la parte del trato que pocas veces se cumple”, explicó a Efe Rosa María Ortiz, que fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en Ginebra.

Según Ortiz, la víctima de esta explotación va a la escuela solo cuando su trabajo en el hogar lo permite, no tiene derecho al recreo, pierde el contacto con su familia de origen y con frecuencia recibe castigos físicos y malos tratos.

Son frecuentes además los abusos sexuales y las violaciones, especialmente contra las niñas, que pueden verse después empujadas a la prostitución o la explotación sexual. Además, la víctima sufre desde que entra en el hogar de otra familia un trato discriminatorio y la violación de su derecho a la identidad.

“No se le define por lo que es, sino por todo aquello que no es: no es un niño como los demás de la familia, no tiene el mismo apellido, no recibe el mismo trato. Se convierte en un niño de segunda clase”, afirmó Ortiz, que entre 2012 y 2015 fue relatora para los Derechos de la Niñez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ortiz consideró que “la práctica del “criadazgo” va más allá de la explotación laboral”, y se fundamenta sobre un abanico amplio de violaciones a los derechos de niños y adolescentes.

Sobre el origen del “criadazgo”, Tina Alvarenga, miembro de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay, explicó a Efe que en Paraguay está asentado sobre la base de “prejuicios raciales y clasistas” heredados del sistema colonial, que establecía relaciones desiguales de parentesco forzado entre indígenas y colonos.

“Predomina todavía una mentalidad feudal, en la que los señores se creen propietarios de la tierra y de los esclavos, y consideran inferiores a los campesinos y a quienes viven en el interior del país”, afirmó. Alvarenga, que desde los 10 hasta casi los 18 años trabajó como criada en casa de una familia, relató que sus patrones le impedían reunirse con sus padres, indígenas guaraníes, porque temían que “volviera a los malos hábitos”.

Refirió que en estos hogares se crea una “dependencia afectiva” entre los patrones y las víctimas de la explotación, a las que se les hace creer que “siempre estarán en deuda”, lo que dificulta que puedan escapar de su situación.

Unos 46.993 niños y adolescentes en Paraguay están sometidos al “criadazgo”, lo que supone un 2,5 % de la población infantil y adolescente del país, según las cifras de una encuesta oficial de 2011.

Unicef solicitó esta semana a Paraguay la erradicación de esta práctica, debido a que impide a los niños y adolescentes “desarrollarse plenamente y disfrutar de su infancia”. La ley paraguaya prohíbe a los menores de edad la realización de trabajos peligrosos, entre los que incluye al trabajo doméstico, que solo pueden ejercer personas mayores de 18 años.

El viernes último, en horas de la tarde, se reportó la explosión de un transformador perteneciente a la empresa Penguin, ubicada en la Compañía Orlando Cué, a 1.000 metros de la ruta Py 02, en la ciudad de Hernandarias. En consecuencia, cuatro trabajadores resultaron heridos.

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Los mismos fueron identificados como Cristhian Javier Zayas, de 23 años; Rolando Daniel Portillo Fernández, de 21, ambos funcionarios del lugar. Por otro lado, Hugo Ricardo Villasboa Rojas, de 37 años y Mariano Estigarribia de 53, que desempeñan como guardias de seguridad.

El caso fue reportado a la Policía Nacional, por lo que agentes policiales fueron hasta el sitio para recabar información de lo sucedido. Allí fueron recibidos por Walter Kaatz Váldez, director de operaciones de la firma, quien relató que a las 15:30 horas, de ese viernes, explotó uno de los transformadores de energía eléctrica, de cuya consecuencia sufrieron lesiones las víctimas mencionadas, siendo auxiliadas de forma inmediata hasta el hospital más cercano.

Por su parte, los bomberos voluntarios también fueron hasta el lugar y lograron sofocar las llamas del transformador. El caso fue comunicado al Ministerio Público para su intervención.

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Las bajas temperaturas y las lluvias de las últimas semanas hacen que la situación sea más difícil para quienes están expuestos a la intemperie o a lugares abiertos.

Este es el caso de los parientes de quienes están internados en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), para quienes, desde la pandemia, existe un albergue instalado frente al área de Urgencias.

Anteriormente tenían que ubicar sus carpas a la intemperie o incluso en la calle, pero muy distante del hospital en sí, por lo que, el tinglado representó un alivio importante.

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Sin embargo, las cortinas que cubren y, en parte, cierran el albergue, además de evitar el ingreso de la lluvia y el viento, actualmente se encuentran rotas en un 100 %, lo que provoca que las personas pasen frío.

Mientras tanto, los ocupantes de turno se prestan estufas, hervidoras eléctricas y otros elementos para enfrentar las altas temperaturas.

No obstante, solicitan a las autoridades del Instituto la reposición de las cortinas pvc plásticas para exteriores, que servirán en gran medida para contrarrestar las condiciones adversas.

El asesor jurídico de la estatal, Diego Fernández, mencionó a radio Ñanduti que los implicados solo abonaban G. 120.000, debido a que sustraían de manera ilegal la energía utilizada para la minería.

“Es una inversión bastante fuerte, encontramos unas 390 máquinas y un transformador de potencia que abastecería a unas 4.100 familias, contó Fernández. “Estaban robando la energía en un 100%. El medidor no era el apto para registrar el consumo del lugar. Pagaban solo 120.000 guaraníes mensuales, tenían que pagar 800 millones de guaraníes”, agregó.

El entrevistado refirió que la investigación se encuentra a manos del Ministerio Público, señalando que el perjuicio mensual para la ANDE es muy elevado. “El propietario deslindó responsabilidades, ya que presentó un contrato de alquiler”, aclaró además el asesor jurídico.

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La propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.

LUCHA DE LA ANDE

Por otro lado, Fernández resaltó que desde la estatal iniciaron una lucha frontal contra este tipo de actividades, debido al gran perjuicio económico que puede causar y los inconvenientes que generan para los usuarios.

“Tenemos más de 150 denuncias en todo el país. Es una actividad que desangra a la ANDE y afecta y reciente al servicio de energía eléctrica. Las máquinas se quedan en el depósito de la Fiscalía a disposición del Ministerio Público. Presentamos un proyecto de Ley para criminalizar la sustracción y aumentando la pena a 10 años″, puntualizó.